La irracionalidad del estado

Por Leandro Rodríguez


Todas las actividades que desarrollamos en nuestro trabajo rutinario, están sujetas al uso computadoras; desde la escritura de un simple texto hasta el cálculo complejo de procesos matemáticos. Utilizamos herramientas que han sido desarrolladas por empresas que, de alguna manera, han cambiado el mundo, por ejemplo Google junto con todos sus desarrollos al igual que Apple con la invención de productos tan originales y funcionales que han revolucionado las tecnologías y que han sido imitados por otras empresas.

Cuando la tecnología se introduce en nuestras vidas, ésta pasa desapercibida e inadvertida y tiende a desaparecer especialmente en su concepción. Esta afirmación parecería ser cierta, si -por ejemplo-, un objeto común y simple como un lapicero, se ha introducido tanto en nuestras vidas, que usarlo resulta intrascendente. Este objeto puede ser obtenido en cualquier lugar y ser desechado igualmente. Es prácticamente gratis, y no interesa conocer toda la tecnología que implicó lograrlo, así como tampoco importa las investigaciones y experimentos que se requirieron para su desarrollo.

Dentro de este esquema, como lo he mencionado, hay empresas que destacan y que hacemos uso de sus servicios casi a diario, en muchos casos sin saber lo que hay detrás de toda la organización que las soporta; un ejemplo muy claro de ello es por ejemplo Google.

Examinar la organización de esta empresa ameritaría un artículo exclusivo. Sin embargo ninguna de estas empresas podría compararse ni siquiera de manera simbólica a alguna parecida en nuestro país. La productividad intelectual que las sustenta parte de entender el proceso creativo del ser humano y de generar toda una mecánica para impulsarla, donde las reglas son claras lideradas por un Estado fuerte que impulsa este esquema de desarrollo.

Si trajéramos al Perú para dirigir nuestras instituciones científicas, a Larry Page y Sergey Brin los creadores de Google, de seguro no podrían realizar lo que han hecho con Google y fracasarían retirándose frustrados de vivir en un medio agobiante, mediocre y totalmente improductivo; lo que es más interesante, no calificarían. De hecho que tendrían que tener su doctorado para ocupar un cargo directivo, lo mismo para poder enseñar en alguna universidad estatal, pero como nunca lograron este grado académico no calificarían para asumirlos. Así mismo en el supuesto que fueran aceptados para asumir un puesto burocrático directivo en alguna institución científica del estado, no podrían tomar decisiones con relación, por ejemplo, al personal. Estarían imposibilitados de contratar a los mejores cerebros de las universidades y de despedir libremente a los que consideren innecesarios. No podrían generar proyectos con empresas privadas, ni podrían disponer libremente de sus presupuestos condicionándose a seguir procesos tan descabellados que en algunos casos los llevaría a escoger la peor opción. Tendrían que pagar lo que indica la norma sin poder generar una escala competitiva y estimulante de remuneraciones, de repente, tendrían que destinar una suma exorbitante a algún académico burócrata para que asuma algún cargo administrativo y un sueldo bajísimo a su mejor ingeniero. Tendrían que matricularse en ESAN para que se les adiestre en la mejor forma de administrar una institución científica considerando todos los adelantos en las ciencias administrativas para luego salir con un título que a la postre no les serviría de nada pero que les permitiría mayor escalafón en sus instituciones. Obviamente ante esta situación se retirarían frustrados regresando a su país.

A pesar de que muchos académicos han vivido en carne propia estas situaciones todavía piensan que creando más instituciones burocráticas puede resolverse los problemas que se tienen en relación al desarrollo científico en nuestro país. Todavía no se entiende que el sistema no funciona, que es necesario reorganizarlo, reestructurarlo, reformularlo, para generar una profunda reforma del Estado que permita una visión no esquizofrénica de la realidad.

En mi larga experiencia en instituciones del estado, resultó para mí, una especie de martirio estar inmerso en una mecánica burocrática, que por un lado exigía logros y por el otro condicionaba los mismos a procesos, procedimientos irracionales soportados sobre un aparato legal estructurado, tal parece, para que las cosas no funcionen; con increíbles mecanismos de control que en vez de evitar la corrupción la estimulaban. Si uno deseaba realizar una gestión inteligente y productiva, se arriesgaba a tener gran cantidad de hallazgos de auditoría, no importando los logros, sino simplemente el cumplimiento de las reglas que apuntaban a tener una especie de estructura fantasma que las impongan sin que en el fondo importe la solución de problemas y el logro de objetivos concretos.

En el Perú, existe una gran debilidad del aparato público y ello ocurre porque existen mayores diferencias sociales, mercados internos pequeños, sectores empresariales poco competitivos; el Perú requiere una participación estatal tan importante o incluso mayor que la del mundo industrializado para enfrentar los principales problemas y desafíos del desarrollo. Por esta razón, la reestructuración y modernización del Estado no es sólo un tema prioritario, sino también urgente. Es importante indicar que en muchos países de bajos ingresos como el Perú, existe una desproporción entre las innumerables funciones desempeñadas por el gobierno y su precaria capacidad de logros y de resolver problemas. El Perú es un caso extremo, desde diferentes puntos de vista: extrema pobreza, extrema debilidad del Estado, extrema insuficiencia en el desarrollo de los mercados y extremas divergencias históricas entre los estamentos de la sociedad. Existe además, a pesar de todos los argumentos esgrimidos, funciones elementales del Estado (lucha contra la pobreza, estrategia de desarrollo y otras prioridades) que no se resuelven exclusivamente sobre la base de recetas tecnócratas o criterios de eficiencia y efectividad. Esto se debe a que todos requieren de soluciones relacionadas con la construcción de consensos, proyectos nacionales y, en general, con la estructura de valores de la sociedad que se logran apuntando primordialmente a la educación. La experiencia demuestra que no existen soluciones mágicas para la modernización de la administración pública.

Finalmente, el tema de la reforma del Estado es una tarea permanente a través de la cual las organizaciones del Estado se adecúan al cumplimiento de objetivos de desarrollo coherentes que reflejen la realidad.

La ausencia de una visión compartida de desarrollo dificulta enormemente la estructuración de enfoques y planteamientos de reforma del aparato público. Es hora de trabajar en consenso en este sentido.

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